La Política de Protección de Datos presentada por el Poder Judicial el 14 de noviembre fue rechazada por el abogado Julio Cury y la organización Participación Ciudadana, quienes consideran que vulnera principios constitucionales y afecta la transparencia en el sistema judicial de la República Dominicana. Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, defendió la disposición.
Cury calificó la política como un «exceso de poder» y sostuvo que sobrepasaba las competencias de la SCJ. Según el abogado, la normativa es inconstitucional al regular derechos fundamentales sin seguir los procedimientos establecidos en la Constitución.
«Los derechos fundamentales solo pueden regularse de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución y mediante leyes orgánicas, es decir, leyes aprobadas con una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes de ambas Cámaras (Congreso Nacional). Son extensiones de la Constitución, son ramas, por eso se requiere esa mayoría cualificada», explicó Cury.
Añadió que esta política tiene como objetivo restringir el derecho a la información en los procesos judiciales, al prohibir la divulgación de los nombres de las partes involucradas en ciertos casos.
«El artículo 44 de la Constitución es un derecho fundamental. Entonces, hay aquí un exceso de poder por encima de cualquier eufemismo que ellos utilizan para endulzar su decisión, su política», declaró.
Asimismo, recordó que ninguna autoridad pública puede asumir competencias que no le han sido expresamente otorgadas por la ley.
PC lo considera un «duro golpe»
Por su parte, Participación Ciudadana expresó su preocupación por lo que considera un «duro golpe» a los avances logrados en materia de transparencia y combate a la corrupción.
La organización argumentó que la medida invierte el principio de que la transparencia debe ser la regla y la privacidad la excepción, lo que podría dificultar el acceso a información clave en casos judiciales.
Además, alertó sobre el impacto de esta política en la lucha contra delitos como corrupción, crimen organizado, trata de personas, lavado de activos y feminicidios.
¿Qué implica?
La nueva política establece que, en asuntos de interés público o investigaciones científicas, la Secretaría del tribunal que dictó el fallo será la encargada de realizar el proceso de «disociación» o «anonimización» de datos, es decir, eliminar o modificar la información personal de los involucrados para proteger su identidad, siempre que la ley no impida el acceso de terceros. En ese caso, los nombres y apellidos podrán ser identificados con las iniciales. Esta regla solo aplicará a sentencias publicadas en la página web del organismo o entregadas a terceros. Cabe recordar que la política aún no ha entrado en vigencia.
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