El Poder Judicial presentó este jueves una nueva Política de Protección de Datos, que representa un avance significativo en la protección del derecho a la privacidad y la transparencia en el acceso a la información judicial.
Esta iniciativa se implementará en todas las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales del país, garantizando un manejo responsable de la información personal de los involucrados en procesos judiciales.
En la presentación oficial, el presidente de la Suprema Corte, Henry Molina, resaltó la importancia de esta política para asegurar que la digitalización y la modernización del sistema judicial protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos en lugar de ponerlos en riesgo.
"La publicación de sentencias y otros documentos judiciales se ajustará a estos nuevos criterios de protección de datos, garantizando que el derecho a la intimidad de los involucrados no sea vulnerado en el proceso de acceso a la información pública", expresó.
El objetivo de esta política es proteger la información personal innecesaria en las decisiones judiciales, buscando equilibrar el derecho a la información con el respeto a la privacidad.
"La implementación de esta política nos invita a todos — jueces, fiscales, defensores, personal judicial y administrativo, la comunidad jurídica y la sociedad en general — a reconocer la importancia de los datos personales de quienes recurren al sistema judicial y manejarlos con el respeto y la diligencia que merecen. Esto es, además, poner a la persona en el centro del proceso judicial", destacó el presidente de la Suprema Corte.
Detalles de la Política
El propósito fundamental de esta política es establecer normas claras para mantener el anonimato de los datos personales en el ámbito judicial.
Entre sus principales características, se establece que los jueces podrán decidir, antes de emitir una sentencia, qué datos personales no deben incluirse en la decisión pública, en función de la sensibilidad de la información de cada caso.
El juez presidente también destacó que esta normativa ofrece una "tutela judicial efectiva", ya que el propio órgano judicial será responsable de evaluar y determinar qué datos pueden omitirse para proteger la privacidad de las partes involucradas.
"Este enfoque refuerza la dignidad de las personas al asegurar un tratamiento respetuoso, justo y seguro de su información personal, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la protección de los derechos humanos y el valor de cada individuo", indicó Molina.
La implementación de la Política de Protección de Datos abarca todos los órganos jurisdiccionales del país, incluidos los tribunales y juzgados de primer y segundo grado.
Con esta iniciativa, el Poder Judicial dominicano refuerza su compromiso con la protección de la privacidad de los ciudadanos, alineándose con normativas internacionales y promoviendo un sistema de justicia que respete y valore los derechos de todas las personas involucradas, concluyó Molina.
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