Durante su habitual encuentro semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader expresó su apoyo a que los legisladores reduzcan sus exoneraciones de vehículos, un beneficio que disfrutan desde hace 58 años y que ha sido criticado por su reventa a terceros.
A pesar de que en el Congreso Nacional se han planteado iniciativas para limitar estas exoneraciones, ninguna ha avanzado. La propuesta más reciente, incluida en el proyecto de reforma fiscal que fue retirado, buscaba eliminar la ley que permite a los legisladores importar dos vehículos libres de impuestos cada cuatro años.
"Nuestro deseo es ese (...) Yo quisiera que los legisladores asumieran esa idea nuestra de limitarse las exoneraciones: limitarse a una y limitar el monto también", declaró Abinader.
Actualmente, la legislación vigente permite importar vehículos de lujo y deportivos bajo el nombre de los congresistas, quienes luego venden este beneficio. Entre 2020 y julio de 2024, ingresaron al país 499 vehículos bajo este esquema, de los cuales más de 170 corresponden a marcas de alta gama como Ferrari, Lamborghini, Porsche y Rolls-Royce, lo que generó un sacrificio fiscal de 2,140 millones de pesos.
Prácticas cuestionadas
La venta de estas exoneraciones, que originalmente deberían ser para uso exclusivo de los legisladores, permite que los vehículos sean matriculados a su nombre. Un abogado experto señaló que esta práctica se realiza "a plena conciencia de que es ilegal".
Agregó que revender exoneraciones no solo infringe la Ley de Aduanas, sino que también podría considerarse un delito de lavado de activos, ya que la evasión fiscal está tipificada como crimen organizado, con consecuencias equiparables a las del terrorismo en algunos casos.
El jurista culpó a la falta de acción de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de permitir esta situación y sugirió reemplazar las exoneraciones con un aumento salarial para los legisladores, con el fin de evitar estas prácticas.
"Esto es una forma de evasión fiscal que el Estado permite, y mientras las autoridades no actúen, seguirá habiendo impunidad total en el manejo de las exoneraciones", afirmó.
Visión opuesta
El abogado Cirilo Guzmán, exfiscal y beneficiario de exoneraciones, sostuvo que la reventa de estas no infringe las normas legales. Según explicó, aunque la Ley de Aduanas restringe la transferencia de vehículos exonerados, una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia permite que los legisladores vendan sus vehículos mediante un contrato registrado, lo que legaliza la transacción.
"Si la ley lo permite, se debe respetar. No es cuestión de debilidad en el sistema", argumentó Guzmán, añadiendo que la normativa actual permite a los legisladores obtener hasta dos exoneraciones, y la prohibición de transferir aplica solo durante los primeros cinco años.
El abogado también consideró que el tema de las exoneraciones es, en gran medida, un asunto ético, pero defendió que los legisladores están en su derecho de aprovechar este beneficio mientras esté contemplado en la ley.
Necesidad de medidas más estrictas
El abogado penalista Manuel Mendoza señaló que la falta de consecuencias claras por la venta de exoneraciones pone en evidencia la debilidad de las autoridades. Mendoza calificó esta práctica como "desleal" y sugirió que las instituciones encargadas de supervisar los impuestos tomen acciones firmes para detenerla.
Según Mendoza, en caso de un proceso judicial, sería complicado acusar a un legislador de un delito relacionado con la venta de exoneraciones debido a la falta de prohibiciones explícitas en la ley que regula este beneficio. Propuso que las autoridades impositivas asuman la responsabilidad de corregir la situación.
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