El Gobierno de Trump se dispone a utilizar una amplia autoridad en tiempos de guerra para materializar su promesa de deportaciones masivas, según diversas fuentes cercanas a las conversaciones.
Durante su discurso inaugural, el presidente Donald Trump anunció que recurriría a una norma poco conocida del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, como parte de su extenso paquete de medidas represivas contra la inmigración. Esta ley le confiere poderes significativos para identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados, aunque expertos legales sostienen que enfrentaría una batalla difícil en los tribunales.
Actualmente, la medida se encuentra en discusión en varias agencias mientras funcionarios de la administración evalúan posibles formas de implementarla, según revelaron tres fuentes a CNN. Los detalles aún se ultiman y no se ha determinado cuándo actuaría el Gobierno para invocarla.
Por el momento, el principal objetivo es el Tren de Aragua, recientemente designado como organización terrorista extranjera. “El primer paso fue calificar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera”, señaló un alto funcionario de la Casa Blanca a CNN.
En las semanas finales de su campaña para 2024, Trump reiteró su promesa de invocar esta ley para deportar a supuestas bandas criminales y miembros de cárteles de la droga. Frecuentemente, se refirió al Tren de Aragua y a las controvertidas y exageradas afirmaciones de que la pandilla venezolana había “invadido” y “conquistado” Aurora, Colorado, para justificar la aplicación de esta ley de guerra del siglo XVIII.
Entre las discusiones actuales también se analiza el destino de esos migrantes. Aunque Venezuela acordó recibir a sus ciudadanos de regreso, los vuelos de repatriación son generalmente limitados, por lo que se están considerando otras opciones, como enviar a los migrantes a países que hayan aceptado recibirlos, por ejemplo, El Salvador.
El uso de esta ley es mencionado de forma recurrente por los defensores de una línea dura en materia migratoria, ya que agilizaría el proceso de deportación. Las detenciones y expulsiones que se efectúan bajo la Ley de Enemigos Extranjeros se realizan fuera del sistema judicial de inmigración, que normalmente ofrece a los inmigrantes la oportunidad de solicitar ayuda y presentar sus argumentos para permanecer en el país. Los expertos han señalado que el sistema judicial, en el que los casos pueden demorarse años, podría representar un obstáculo significativo para los planes de deportación masiva de Trump.
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